Finalmente la votación en el Senado del proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal fue como se esperaba 40 a 26, lo que demuestra que si el interés de Alberto Fernández hubiera sido copar el Poder Judicial, en vez de este trámite engorroso pero democrático, habría armado una mesa judicial para designar y remover jueces de manera irregular y silenciosa como hizo Mauricio Macri. Tiene mayoría en el Senado y sin demasiado esfuerzo podría conseguir el respaldo que necesita en la Magistratura.

«‘Tenemos que nombrar jueces ya mismo’, reclamó Macri apenas asumió, la primera vez que reunió a la mesa judicial del Gobierno, pudo reconstruir LA NACION de testigos de ese encuentro. ‘Es como una obsesión’, agregó el dirigente oficialista”.

El textual es de un artículo de marzo de 2018, donde este medio naturalizaba la existencia de una Mesa Judicial para operar sobre funcionarios judiciales y reconocía que, desde el final de la dictadura, Macri era el presidente que había designado en promedio mayor cantidad de magistrados por año.

La misma bancada integrada por la Coalición de Carrió, el PRO y los radicales PRO, que respaldó esas prácticas irregulares, muchas veces extorsivas, ahora se opone a cualquier cambio por la vía parlamentaria que es la única democrática.

Juntos por el Cambio asegura que el proyecto de ley que aprobó el Senado forma parte de una estrategia más amplia para copar el Poder Judicial. “Cubrir las vacantes en el Poder Judicial fue uno de los primeros objetivos planteados por el Gobierno” de Macri, informaba La Nación.

Si Alberto Fernández hubiera querido copar el Poder Judicial habría tomado el camino de la Mesa Judicial que eligió Macri. Es probable que la actitud legalista del gobierno haya desorientado a una oposición que, como muestra La Nación, se mostró más inclinada a preservar las apariencias en la superficie y actuar de manera turbia en los pasillos de Tribunales.

La vía parlamentaria, el debate democrático, de cara a los ciudadanos, aceptando la disidencia y hasta las fakenews de los medios macristas no es la vía para copar nada, sino el ejercicio democrático del gobierno en un sistema republicano.

El debate se planteó entre quien considera que en la sociedad hay un reclamo para mejorar el servicio de justicia y otro sector, representado por la oposición que considera que para la sociedad está todo bien en el Poder Judicial, por lo tanto se opone a cualquier cambio y no presenta ninguna propuesta.

Primero dijeron que este proyecto de ley buscaba garantizar la impunidad de Cristina Kirchner. Pero cuando les preguntaban qué punto del proyecto garantizaría esa impunidad, se quedaban sin respuestas. Entonces retrucaban “pero eso es lo que piensa la gente”.

En realidad, la mayoría de la “gente” piensa lo contrario. Y la demostración contundente es que esa mayoría votó a Cristina Kirchner a pesar de ser la persona más denunciada y acosada por el sistema de persecución que montó el macrismo aprovechando las deficiencias del Poder Judicial.

La oposición y el relato hegemónico no terminaron de entender el significado de su derrota electoral y el impacto en la consciencia colectiva de esa mayoría que votó la fórmula que conformaron Alberto Fernández y Cristina Fernández. La derrota no fue solamente de Macri. También debilitó ese relato de los medios. Por eso, los que se manifiestan tienen esa característica de los que vieron la luz. No es gente común.

Si esa mayoría votó para que sea su vicepresidenta la persona más perseguida por los jueces y los medios, esa multitud opinó a través de su voto que no cree en el Poder Judicial. Entonces el país funciona con una mayoría que no cree en la independencia de los jueces porque asume que esos magistrados están subordinados a la derecha y al poder económico. Es la mayoría que representan Alberto Fernández y los senadores que aprobaron el proyecto de ley.

Al igual que el periodismo de guerra y que el espionaje interno, cuando Mauricio Macri montó el sistema de manipulación de la justicia como herramienta de aniquilación de sus adversarios políticos, empezó un camino sin retorno.

Así el periodismo se manifestó como la mirada de una facción, y se forzó a la justicia para ponerla al servicio de esa facción. La consecuencia ha sido que ese periodismo dejó de ser creíble para esa mayoría y lo mismo sucedió con el Poder Judicial.

Si la mayoría no cree en ese Poder Judicial, el problema no es solamente de ese sector, sino de toda la sociedad, porque deberá funcionar sobre la base de la poca credibilidad de la institución que debe resolver diferendos y castigar el delito. Habrá que desmontar el dispositivo de persecución y generar mecanismos que eviten o dificulten su reposición por parte de cualquier gobierno.

Se ha dicho que no es el momento para dar esa discusión. Es probable. Tendría que haber sido antes, si no hubiera sido por la necesidad de achicar la deuda que dejó el macrismo y después el desafío de vida o muerte de afrontar las primeras estapas de la pandemia. No se le puede exigir a ningún gobierno que se paralice mientras dura la pandemia. Y que sólo actúe en temas que estén en relación con la enfermedad.

El textual es de un artículo de marzo de 2018, donde este medio naturalizaba la existencia de una Mesa Judicial para operar sobre funcionarios judiciales y reconocía que, desde el final de la dictadura, Macri era el presidente que había designado en promedio mayor cantidad de magistrados por año.

La misma bancada integrada por la Coalición de Carrió, el PRO y los radicales PRO, que respaldó esas prácticas irregulares, muchas veces extorsivas, ahora se opone a cualquier cambio por la vía parlamentaria que es la única democrática.

Juntos por el Cambio asegura que el proyecto de ley que aprobó el Senado forma parte de una estrategia más amplia para copar el Poder Judicial. “Cubrir las vacantes en el Poder Judicial fue uno de los primeros objetivos planteados por el Gobierno” de Macri, informaba La Nación.

Si Alberto Fernández hubiera querido copar el Poder Judicial habría tomado el camino de la Mesa Judicial que eligió Macri. Es probable que la actitud legalista del gobierno haya desorientado a una oposición que, como muestra La Nación, se mostró más inclinada a preservar las apariencias en la superficie y actuar de manera turbia en los pasillos de Tribunales.

La vía parlamentaria, el debate democrático, de cara a los ciudadanos, aceptando la disidencia y hasta las fakenews de los medios macristas no es la vía para copar nada, sino el ejercicio democrático del gobierno en un sistema republicano.

El debate se planteó entre quien considera que en la sociedad hay un reclamo para mejorar el servicio de justicia y otro sector, representado por la oposición que considera que para la sociedad está todo bien en el Poder Judicial, por lo tanto se opone a cualquier cambio y no presenta ninguna propuesta.

Primero dijeron que este proyecto de ley buscaba garantizar la impunidad de Cristina Kirchner. Pero cuando les preguntaban qué punto del proyecto garantizaría esa impunidad, se quedaban sin respuestas. Entonces retrucaban “pero eso es lo que piensa la gente”.

En realidad, la mayoría de la “gente” piensa lo contrario. Y la demostración contundente es que esa mayoría votó a Cristina Kirchner a pesar de ser la persona más denunciada y acosada por el sistema de persecución que montó el macrismo aprovechando las deficiencias del Poder Judicial.

La oposición y el relato hegemónico no terminaron de entender el significado de su derrota electoral y el impacto en la consciencia colectiva de esa mayoría que votó la fórmula que conformaron Alberto Fernández y Cristina Fernández. La derrota no fue solamente de Macri. También debilitó ese relato de los medios. Por eso, los que se manifiestan tienen esa característica de los que vieron la luz. No es gente común.

Si esa mayoría votó para que sea su vicepresidenta la persona más perseguida por los jueces y los medios, esa multitud opinó a través de su voto que no cree en el Poder Judicial. Entonces el país funciona con una mayoría que no cree en la independencia de los jueces porque asume que esos magistrados están subordinados a la derecha y al poder económico. Es la mayoría que representan Alberto Fernández y los senadores que aprobaron el proyecto de ley.

Al igual que el periodismo de guerra y que el espionaje interno, cuando Mauricio Macri montó el sistema de manipulación de la justicia como herramienta de aniquilación de sus adversarios políticos, empezó un camino sin retorno.

Así el periodismo se manifestó como la mirada de una facción, y se forzó a la justicia para ponerla al servicio de esa facción. La consecuencia ha sido que ese periodismo dejó de ser creíble para esa mayoría y lo mismo sucedió con el Poder Judicial.

Si la mayoría no cree en ese Poder Judicial, el problema no es solamente de ese sector, sino de toda la sociedad, porque deberá funcionar sobre la base de la poca credibilidad de la institución que debe resolver diferendos y castigar el delito. Habrá que desmontar el dispositivo de persecución y generar mecanismos que eviten o dificulten su reposición por parte de cualquier gobierno.

Se ha dicho que no es el momento para dar esa discusión. Es probable. Tendría que haber sido antes, si no hubiera sido por la necesidad de achicar la deuda que dejó el macrismo y después el desafío de vida o muerte de afrontar las primeras estapas de la pandemia. No se le puede exigir a ningún gobierno que se paralice mientras dura la pandemia. Y que sólo actúe en temas que estén en relación con la enfermedad.

Este último es el argumento del interbloque de diputados de los socialistas santafecinos, los lavagnistas y cordobesistas de Juan Schiaretti. El gobierno tiene 119 diputados. Necesita diez más para alcanzar la mayoría y deberá recogerlos entre ese interbloque y otros menores, como el de la izquierda, que tiene dos diputados y ya adelantó que votará en contra igual que el macrismo.

Sergio Massa y Máximo Kirchner, que han podido integrar una dupla compaginada a pesar de los caminos diferentes que han recorrido, son los negociadores para ganar los votos que faltan. La operatividad fluida de un dúo que hasta no hace mucho hubiera parecido imposible es un síntoma del acople en el Frente de Todos.

Los diez votos que le faltan para el debate de la ley judicial, también le faltan para aprobar el proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas, que el Poder Ejecutivo envió ayer al Congreso con el objetivo de recaudar unos tres mil millones de dólares.

En este escenario aterrizó el expresidente Eduardo Duhalde con su advertencia sobre estas medidas del gobierno que provocarían un golpe de Estado. El ex presidente parecía salido de las marchas del macrismo terraplanista y libertario con sus manías propensas a la violencia.

La combinación del periodismo de guerra con la pandemia produjo efectos psicóticos con pretensión de verdad revelada, que pone violentos a sus protagonistas cuando se descree de lo que ellos presentan como un saber que los convierte en superiores.

Ni siquiera representan a la mayoría de los macristas, pero el sector que se referencia con Mauricio Macri y Patricia Bullrich insistió en convocarlos a marchas en medio de la pandemia, dándole un toque de locura al clima de la política ya de por sí interferido por la epidemia. Y Horacio Rodríguez Larreta no hizo nada para frenarlas. Si la intención era instalar un clima de odio, el resultado ha sido más de rechazo que de simpatía con esas expresiones callejeras.

Los medios macristas trataron de presentar esos actos como síntoma de un malestar extendido en la sociedad que se sumaba a una crisis en el gobierno por la tensión entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Pero en realidad, lo que quedó expuesto fue la crisis en una oposición sin propuestas ni liderazgo.

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