Como cualquier cuestión importante que falla en el Sistema Penitenciario, o en todas las cuestiones que dependen del Poder Judicial, siempre parecen que vàn a solucionarse cuando se dà a conocer, ya que no es una novedad que entre tantas cuestiones a resolver, se encuentra el uso de Teléfonos Móviles por parte de los Detenidos en los distintos Establecimientos Penitenciarios en todo el Pais. Ni el Poder Ejecutivo ni el Judicial se han hecho responsables de esto, ni tampoco el Sistema Penitenciario cuenta con el respaldo suficiente para impedir el ingreso de estos elementos, ya sean recursos tecnológicos, o recursos humanos con capacidad de proceder con el fin de imposibilitarlo.

Sobre los infinitos organismos de Derechos Humanos que hoy día se encuentran abordando las temáticas carcelarias, ya sean gubernamentales o no, ninguno ha hecho nada, ni siquiera para pensar en una regulación del uso de Teléfonos Celulares, lo cual daría un principio a armonizar esta cuestión, tan normal en el Sistema Carcelario, aunque sorprendente para el común de la Sociedad. Ya que se cuestiona el accionar de las distintas entidades Penitenciarias pero falta una observación profunda sobre los mecanismos de control con los que cuentan las mismas, los cuales son llevados a cabo mediante reglamentaciones, que a su vez son ordenes impartidas al Servicio Penitenciario quien actúa como subordinado a la política de turno y al Poder Judicial quienes se eximen de responsabilidades cuando las cosas fallan o salen a la luz.

EN CUANTO A LA REGLAMENTACION:

Lo establece el inciso C del artículo 18 del Decreto 18/97 y el F del artículo 22 del Decreto 1136/97 con el que el gobierno de Carlos Saúl Menem reglamentó ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad nº 24.660.

Algo normal dentro de la carcel, y escandaloso cuando sale por T.V.

Además, ese inciso del artículo 18 también establece que se trata de una “infracción grave”.

En relación a las sanciones para ese tipo de faltas y según el artículo 19 del Decreto 18/97, establece: “permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta quince días ininterrumpidos; permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta siete fines de semana sucesivos o alternados; traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso; traslado a otro establecimiento”.

Fuentes del Servicio Penitenciario Federal dijeron a Vía País que esa disposición responde a que está “terminantemente prohibido” que los detenidos tengan en sus celdas celulares u otros equipos de comunicación con el exterior.

Las reglamentaciones no son las mismas en cada uno de los servicios penitenciarios provinciales. En Santa Fe, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios emitió una Resolución en septiembre de 2017 en la que reguló el uso de celulares.

La normativa avalada por el gobierno del socialista Miguel Lifschitz estableció como “regla general” que “estarán prohibidos los celulares”, pero no para todos los reclusos.

Se estableció entonces que hay “excepciones” para los detenidos (procesados o condenados) que tengan un expediente de “buena conducta” y “no sean considerados de alta peligrosidad” para la población.

En el caso de Río Negro, a partir de enero de este año, se reglamentó el uso de los celulares en las cárceles: hasta dos horas por día y sin acceso a Internet. El Ministerio de Seguridad de esa provincia había anunciado el plan para que los detenidos tengan una acceso muy limitado a los dispositivos móviles.

De acuerdo a las autoridades de Seguridad, los presos utilizan desde las redes sociales hasta las cámaras de fotos para delinquir desde sus celdas, cuestión que motivó a lanzar la nueva normativa.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here